“No debería ser tan sorprendente. El maltrato animal es un delito que está tipificado desde 1954. Lo que sí es llamativo es que se haya llegado a esta instancia”, explicó Vanessa Zanicchi, que intervino como querellante en la causa en la que un hombre quedó procesado por haber golpeado a una perra en Tafí Viejo.

El hecho ocurrió en enero pasado. La hija del acusado sacó a pasear al animal en un barrio privado. En medio del trayecto, la ovejera belga se cruzó con un can que estaba encerrado en el jardín de una vivienda. La dueña de casa denunció el hecho a la guardia del lugar para que pusieran fin al escándalo. El personal de vigilancia se comunicó con el propietario. Este fue a buscar a la perra y le aplicó todo tipo de golpes. Ese momento fue filmado por un desconocido y esas imágenes se viralizaron a nivel nacional.

“Creo que esa fue una de las razones por la que se le dio la importancia que se merece al caso. Se hizo la denuncia y la fiscalía de Delitos Complejos llevó con éxito la investigación”, sostuvo Zanicchi, que actuó como querellante en representación de la fundación Protección Animal Salta (PAS).

“Como los intereses de los animales son difusos, sólo pueden asumir la representación entidades, aunque en otra provincias, como en Neuquén, cualquiera puede ocupar ese rol”, agregó la profesional, a la que se le revocó la figura por los planteos realizados por los defensores del imputado Luis Romero Abadie y Gustavo Morales.

En la audiencia, el auxiliar fiscal, Daniel López Frías, presentó todas las evidencias recolectadas en una investigación dirigida por el fiscal Alejandro Noguera y acusó formalmente de maltrato animal en calidad de autor al sospechado. El acusador destacó los testimonios reunidos y un video aportado por la denunciante, que registra el momento del suceso que se viralizó a través de las redes sociales y que fue replicado en diferentes medios periodísticos.

López Frías, con el objeto de resguardar la investigación, pidió medidas de coerción de menor intensidad bajo el sometimiento a una serie de reglas de conducta. Los defensores pidieron el sobreseimiento. La jueza Isolina Apás Pérez de Nucci aceptó el planteo del representante del MPF.

El imputado podría recibir una condena de hasta un año de prisión por el cargo que afrenta. “Al tratarse de un delito excarcelable, no estamos dispuestos a que se haga una probation, pretendemos que reciba una pena para se emita un claro mensaje”, concluyó Zanicchi.